Maridaje Jurídico, donde el vino y el derecho cuentan una historia

Por Nadia García

En Maridaje Jurídico partimos de una idea sencilla: el derecho y el vino tienen mucho más en común
de lo que parece. Ambos cuentan historias. Historias de territorios, de personas, de decisiones
económicas y políticas, de tradiciones que se preservan y de otras que, a veces, se transforman por
imperio de una norma.
Detrás de cada botella hay un suelo, un clima, una cepa y una forma de hacer vino. Pero también puede
haber una ley. Porque el mapa vitivinícola de un país no siempre es únicamente el resultado de la
naturaleza, del terroir o de las decisiones de sus productores. En determinados momentos de la
historia, el derecho también intervino para decidir dónde, cómo y bajo qué condiciones podía
producirse vino.

Y ahí es donde aparece ese maridaje que nos interesa: el de la copa con el expediente, el viñedo con el
Boletín Oficial y la historia del vino con la historia jurídica argentina.

La Ley 12.137 es un extraordinario ejemplo de esa relación. Sancionada en la década de 1930, en un
contexto de profunda crisis y sobreproducción vitivinícola, formó parte de una política estatal que
buscó reorganizar y regular la industria. Sus consecuencias excedieron ampliamente lo económico:
contribuyeron a consolidar un determinado modelo territorial de producción y a modificar el mapa
vitivinícola argentino que, hasta entonces, era bastante más diverso de lo que hoy solemos imaginar.
Por eso, para entender por qué Mendoza terminó ocupando el lugar que ocupa en la identidad del vino
argentino, no alcanza con hablar de altura, amplitud térmica, inmigración o calidad indiscutible de sus
suelos. También hay que hablar de derecho.
Porque las leyes, igual que los vinos, hablan de la época en la que nacieron. Y algunas, además, dejan
un largo final en boca.

Cronología del mapa vitivinícola Argentino:

La historia de la vitivinicultura argentina muestra que, mucho antes de que Mendoza se consolidara
como sinónimo del vino argentino, la vid y la elaboración de vino estaban presentes en numerosas
regiones del país.

Siglo XVI — La vid llega al actual territorio argentino

La vitivinicultura comienza durante la colonización española y la actividad religiosa. Santiago del
Estero ocupa un lugar temprano en esta historia. Juan Cedrón, también mencionado en las fuentes
como Juan Cidrón. Es una figura fundamental porque la tradición histórica lo señala como el primer
viticultor del actual territorio argentino.
Cedrón era un sacerdote mercedario que llegó a Santiago del Estero desde La Serena, Chile,
hacia 1556. Santiago del Estero había sido fundada apenas unos años antes, en 1553, y Cedrón llegó
para ejercer allí su ministerio religioso. Algunas fuentes lo identifican como el primer sacerdote estable
de la ciudad. 
El vino era una necesidad religiosa. Para celebrar la misa se necesitaba vino para la Eucaristía y
transportarlo regularmente desde Chile o Perú era extremadamente difícil. Por eso, los religiosos tenían
un motivo muy concreto para cultivar la vid allí donde se establecían.
Cedrón habría llevado desde La Serena estacas de vid, además de semillas de algodón, atravesando la
cordillera. Las fuentes mencionan principalmente Moscatel y Uva País. Esta última está relacionada
con la que posteriormente conoceríamos en Argentina como Criolla Chica. 
Esas vides fueron plantadas en Santiago del Estero alrededor de 1556 y constituyen tradicionalmente
el punto de partida de la vitivinicultura argentina. La propia información oficial argentina señala a
Santiago del Estero como el lugar donde comenzó la producción de vino, con Moscatel y Uva País. 
Hay una pequeña discusión con la fecha exacta. Algunas cronologías ubican la plantación en 1551,
mientras otras —y buena parte de las reconstrucciones históricas— la sitúan hacia 1556/1557. Incluso
el material de Wines of Argentina utiliza 1551. 
Y hay algo todavía más importante: no está probado que Cedrón haya obtenido personalmente la
primera cosecha o elaborado el primer vino argentino. Lo que sí está documentado posteriormente
es la existencia de viñedos en propiedades particulares y religiosas de la región. 

Con este punta pie ya podemos anticipar que la historia del vino argentino no empezó en Mendoza.
Empezó, al menos simbólicamente, con un cura y unas estacas de vid en Santiago del Estero.
Después la vid se expandió. Hacia 1598 ya había viñedos en Córdoba, Santa Fe, Buenos Aires y
Misiones, según la reseña histórica oficial. 
Siglos XVII–XVIII — Córdoba ya hace vino
La producción cordobesa tiene raíces coloniales y jesuíticas. En la zona de Jesús María se elaboraban
vinos desde el siglo XVII. La tradición vitivinícola cordobesa, por lo tanto, es muy anterior al siglo
XX.
Mediados del siglo XIX — Entre Ríos entra fuerte en escena
La inmigración europea impulsa los viñedos entrerrianos. Se desarrollan explotaciones en San José,
Concordia, Colón, Federación y Victoria, junto con bodegas que abastecen también al mercado de
Buenos Aires.
1880–1900 — La vitivinicultura argentina no es solamente cuyana
Entre Ríos fomenta el cultivo de la vid. Para 1899 se documentaban 327 viñedos y 2.158 hectáreas en
Federación, Concordia, Colón y Uruguay. Al mismo tiempo, Mendoza y San Juan comienzan un
extraordinario proceso de expansión.
1907 — Entre Ríos alcanza el cuarto lugar nacional
Entre Ríos llega a ser la cuarta provincia vitivinícola del país, con aproximadamente 4.900 hectáreas
de viñedos y más de 30 bodegas. Este dato demuestra que el mapa del vino argentino de comienzos del
siglo XX era mucho más amplio que el actual.
1908 — Casi 4.900 hectáreas entrerrianas
El censo agropecuario contabiliza aproximadamente 4.874 hectáreas de viñedos en Entre Ríos, con
fuerte presencia en Colón y Concordia.
Décadas de 1910 y 1920 — Mendoza y San Juan consolidan su ventaja de escala
La vitivinicultura cuyana se industrializa y se orienta al gran mercado interno argentino. Sin embargo,
continúan produciendo otras regiones como Córdoba, Entre Ríos, Río Negro, Buenos Aires, La Rioja y
Salta.
Década de 1930 — Crisis de sobreproducción
La industria atraviesa una fuerte crisis: la producción supera la capacidad de absorción del mercado. El
Estado adopta políticas intervencionistas para reducir excedentes y sostener precios.

24 de diciembre de 1934 — Ley 12.137: nace la Junta Reguladora de Vinos
La Ley 12.137 crea, con carácter de emergencia, la Junta Reguladora de Vinos. La norma no establece
simplemente una prohibición de producir vino fuera de Cuyo: habilita una política de regulación de la
producción que incluye la extirpación de viñedos.
7 de octubre de 1935 — La política de extirpación entra en acción
La Junta pone en funcionamiento mecanismos destinados a disminuir el exceso de producción. En la
historia entrerriana, el Decreto 69.290 del 7 de octubre de 1935 aparece vinculado a la erradicación de
viñedos de la región.
1936 — Primer Censo Nacional de Viñedos
Córdoba registra alrededor de 2.156 hectáreas y 1.754 viñedos. El dato confirma que la provincia tenía
una verdadera actividad vitivinícola al momento de la intervención estatal de los años treinta.
1937 — Ley 12.355
Se profundiza el esquema regulatorio. La legislación amplía las herramientas de intervención estatal,
incluyendo facultades relacionadas con la adquisición de tierras plantadas con viñedos. La reducción
de superficie no afectó exclusivamente a Entre Ríos.
1938 — Ley 12.372
Se dicta una nueva Ley de Vinos que regula la industria vitivinícola y su comercio en todo el territorio
nacional.
1991 – Decreto 2.284/91.
Dispuso la desregulación total de plantación, replantación y modificación de viledos en todo el país.

La Junta Reguladora de Vinos
La Junta fue creada por la Ley 12.137, sancionada el 24 de diciembre de 1934, durante la presidencia
de Agustín P. Justo, y publicada el 11 de enero de 1935. La propia ley decía que se la creaba “con
carácter de emergencia”. 
El contexto era la enorme crisis vitivinícola de comienzos de los años treinta: había sobreproducción,
acumulación de stocks, caída de los precios de la uva y del vino y productores fuertemente
endeudados. Hasta entonces Mendoza y San Juan habían intentado afrontar el problema

principalmente mediante regulaciones provinciales. Con la Ley 12.137, el Estado nacional pasó a
intervenir directamente. 
La Junta no nació como un organismo destinado simplemente a controlar la calidad del vino.
Nació para intervenir económicamente el mercado y reducir la producción.

¿Quiénes integraban la Junta?

La estructura era bastante pequeña: estaba constituida por un presidente y dos vocales, designados
por el Poder Ejecutivo con acuerdo del Senado. Además funcionaba una Comisión Asesora
Honoraria, integrada por representantes de sectores vinculados a la actividad, entre ellos
representantes bancarios y de las provincias y territorios productores. 
La presencia de los bancos no era casual. Una parte importante de los productores y bodegueros estaba
endeudada con entidades como el Banco Nación y el Banco Hipotecario Nacional, por lo que el
problema vitivinícola también era un problema financiero. 
Entre los nombres que aparecen vinculados a la conducción de la Junta se encuentran Robert W.
Roberts y Luis Colombo; y como asesor letrado aparece Carlos Suárez Anzorena. Distintas
fuentes—FORJA— cuestionaba precisamente los vínculos de algunos de ellos con intereses bancarios
y empresarios. La Junta fue políticamente controvertida desde su nacimiento.
La Junta recibió facultades muy amplias para reducir la oferta de vino.
Entre otras cosas, podía:
Indemnizar a propietarios para que arrancaran viñedos o sustituyeran la vid vinífera por
uvas de mesa u otros cultivos;
Comprar uvas para evitar que fueran destinadas a vinificación;
Comprar vino y retirarlo temporal o definitivamente del mercado para regular los stocks;
Intervenir sobre las épocas de vendimia;
Promover la organización de los productores en cooperativas;
y desarrollar un verdadero programa nacional de regulación de la producción. 

La magnitud económica también muestra que no era un organismo meramente consultivo: la
legislación le permitió disponer de alrededor de 30 millones de pesos de la época para compras e
indemnizaciones. 

El famoso arranque de viñedos

El artículo 2, inciso a, de la Ley 12.137 permitía otorgar indemnizaciones destinadas a promover
la supresión de la vid vinífera o su sustitución, precisamente para evitar que la producción siguiera
excediendo las necesidades normales del mercado. 
Y no quedó en una facultad teórica.
El 7 de octubre de 1935, la propia Junta elevó al Poder Ejecutivo un Plan de Extirpación de
Viñedos 1 .
La Junta resolvió convocar ofertas de viñedos para arrancar en una cantidad suficiente para eliminar
una producción normal anual equivalente a 1.000.000 de hectolitros de vino. Los propietarios debían
informar ubicación, superficie, variedades, edad de las plantas, número de cepas por hectárea, sistema
de conducción, estado sanitario, producción de los años 1933, 1934 y 1935, existencia de bodegas,
hipotecas y otras cargas. 
Es decir: no estamos hablando metafóricamente de una política que “desalentó” la
vitivinicultura. Existió un procedimiento administrativo concreto destinado a determinar qué
viñedos serían extirpados y cuánto recibirían sus propietarios.

El caso Entre Ríos
Entre Ríos no era una provincia ajena al vino. Como señalamos en la cronología para 1907 había
alcanzado aproximadamente 4.900 hectáreas de viñedos y ocupaba el cuarto lugar en el Censo
Nacional de Viñas, con más de treinta bodegas. Concordia, Federación, Victoria y Colón/San José
eran algunas de sus zonas productoras. 
Después de la creación de la Junta se instrumentó el plan de extirpación. Una fuente parlamentaria
nacional vincula expresamente el Decreto 69.290, del 7 de octubre de 1935, con la erradicación de
viñedos entrerrianos, y señala una posterior ampliación del plazo en 1936. 
La Ley 12.137 no dice simplemente “se prohíbe producir vino en Entre Ríos”. Jurídicamente el
mecanismo fue más complejo: creó la Junta, le dio facultades regulatorias y de extirpación y luego esas
facultades se instrumentaron mediante planes, resoluciones y decretos.
En Entre Ríos no simplemente dejaron de plantar: arrancaron los viñedos. En 1935, el Decreto 69.290
ordenó la erradicación de viñedos entrerrianos. La Junta Reguladora llevó adelante el proceso de
extirpación. 

1 Ver informe de la Junta Reguladora de Vinos , Censo de Viñedos, actualizado de acuerdo a las extirpaciones
realizadas en los años 1936 a 1938 en cumplimiento de las leyes 12.137 y 12355.

Los relatos históricos hablan de vides arrancadas, toneles destruidos y vino derramado. Productores
entrerrianos recuerdan incluso a inspectores perforando toneles y destruyendo instalaciones. 
No desapareció el vino entrerriano porque el clima no servía. Desapareció porque una política pública
decidió que allí no debía desarrollarse comercialmente.
Entre Ríos tenía otras alternativas productivas —ganadería, agricultura, citrus— mientras que se
argumentaba que las provincias cuyanas dependían mucho más del monocultivo vitivinícola. La
solución a la crisis terminó protegiendo esa economía regional y sacrificando, entre otras, la
vitivinicultura entrerriana.

La continuidad del Plan y el reordenamiento
La Ley 12.137 no fue un episodio aislado. En 1937 se sancionó la Ley 12.355, que facultó al Poder
Ejecutivo, por intermedio de la Junta, para adquirir tierras plantadas con viñedos. Y en 1938 apareció
la Ley 12.372, una nueva Ley de Vinos que complementó y modificó el régimen. Esta ley dispone que
la industria vitivinícola y el comercio relacionado con ella en todo el territorio nacional quedan
sometidos a la ley y su reglamentación. Ya no tenía por objeto reducir las hectáreas de producción
sino el reordenamiento y la política vitivinícola. Regula cuestiones de elaboración, composición,
circulación y control del vino. Introduce definiciones y reglas para los distintos tipos de vino y su
identificación.

La desregulación: cuando el vino volvió a mirar más allá de Cuyo
El mapa vitivinícola argentino que se había consolidado durante buena parte del siglo XX comenzó a
cambiar jurídicamente en 1991. El Decreto 2284/91 significó un quiebre con el modelo regulatorio
anterior: liberó la plantación, implantación, reimplantación y modificación de viñedos en todo el
territorio nacional y eliminó distintas herramientas de intervención estatal sobre la producción y
comercialización.
Pero las leyes pueden modificar las reglas de un día para otro; los viñedos, en cambio, necesitan
tiempo.
Por eso, la desregulación de 1991 no produjo inmediatamente una multiplicación de viñas por todo el
país. El verdadero cambio territorial comenzó a hacerse visible algunos años después y adquirió
especial intensidad a partir de fines de la década de 1990 y, sobre todo, desde comienzos del nuevo
milenio.

También cambió la manera de pensar el vino argentino. En 1999 se sancionó la Ley 25.163, que creó
el sistema de Indicaciones de Procedencia, Indicaciones Geográficas y Denominaciones de Origen
Controladas. Ya no se trataba solamente de producir vino: comenzaba a adquirir una relevancia
creciente el lugar del que ese vino provenía y las características que ese origen era capaz de
imprimirle. 
Ese nuevo escenario permitió explorar territorios que durante décadas habían permanecido fuera del
centro de la vitivinicultura nacional. El propio Instituto Nacional de Vitivinicultura hoy reconoce,
además de Mendoza y San Juan, regiones productoras en el Norte argentino y la Patagonia, y registra
actividad vitivinícola en provincias como Buenos Aires, Córdoba, Entre Ríos, Santa Fe, San Luis y
Santiago del Estero, entre otras. 

Buenos Aires: el regreso de la vid
El caso bonaerense resulta especialmente ilustrativo.
La vid no era una completa desconocida para la provincia. Existían antecedentes vitivinícolas desde el
siglo XIX y sobrevivieron experiencias históricas como las de Berisso. Sin embargo, durante el siglo
XX la superficie implantada fue reduciéndose hasta prácticamente desaparecer.
El renacimiento es muy posterior y los números permiten fecharlo con bastante precisión: según el
INV, el 94,1 % de la superficie vitícola que hoy posee la provincia de Buenos Aires fue
implantada después del año 2000. Actualmente los proyectos se distribuyen por diferentes ambientes
y partidos, entre ellos General Pueyrredón, Villarino, Coronel Suárez, Berisso, Saavedra, Balcarce,
Tornquist y Tandil. 
Ese dato es particularmente revelador. 1991 abrió jurídicamente la puerta; los años 2000
comenzaron a mostrar sus efectos sobre el territorio.
Y la expansión no consistió simplemente en intentar reproducir Mendoza en otros lugares. Por el
contrario, comenzó una búsqueda de nuevos terroirs, con climas, suelos, alturas y condiciones
completamente diferentes a las cuyanas.
Así aparecieron vinos de lugares que durante décadas difícilmente hubieran formado parte de nuestro
imaginario vitivinícola: vinos patagónicos cada vez más australes, proyectos en las sierras cordobesas,
el regreso de Entre Ríos y una nueva vitivinicultura bonaerense.

Y el vino llegó al mar

Dentro de ese nuevo mapa aparece un lugar especialmente interesante: Chapadmalal, en el partido de
General Pueyrredón.
Aquí ya no estamos frente al paisaje árido, la altura y la gran amplitud térmica que solemos asociar con
el vino argentino. Estamos frente al Atlántico.
La influencia marítima, las temperaturas más frescas y un régimen de precipitaciones muy diferente
plantearon otro desafío y, al mismo tiempo, otra posibilidad: producir vinos argentinos con un perfil
distinto al tradicionalmente asociado a Cuyo.
La consolidación de ese nuevo origen fue tal que en 2014 el Instituto Nacional de Vitivinicultura
reconoció oficialmente a Chapadmalal como Indicación Geográfica. 
Ochenta años después de que la política vitivinícola argentina contribuyera a concentrar la
producción en determinadas regiones, el derecho volvió a intervenir, esta vez no para reducir el
mapa del vino, sino para reconocer nuevos lugares dentro de él.
Primero fue la libertad de plantar. Después vino la experimentación. Más tarde, el reconocimiento del
origen.
Y así llegamos a Chapadmalal.
Porque para entender por qué hoy podemos descorchar una botella nacida a pocos kilómetros del mar
argentino, también hay que entender las normas que durante décadas determinaron dónde podía
crecer —y dónde no— la historia del vino nacional.
Y quizás esa sea la mejor prueba de la relación que proponemos desde Maridaje Jurídico: el derecho y
el vino cuentan historias. A veces, incluso, cuentan la misma.

Conclusiones
Argentina ya tenía vitivinicultura en distintas regiones antes de 1934. Entre Ríos es el ejemplo más
impresionante por la escala que había alcanzado. Pero la crisis llevó al Estado nacional a intervenir
sobre una actividad que hasta entonces había tenido una geografía mucho más amplia. La Junta podía
decidir qué producción era excedentaria, comprar vino y uva, indemnizar el abandono de viñedos y
directamente impulsar su extirpación.
Mendoza es Mendoza no solo porque tenía mejores condiciones para producir vino, sino también
porque hubo decisiones jurídicas, económicas y políticas que contribuyeron a concentrar allí la
industria vitivinícola argentina.
El terroir explica una parte de la historia; el derecho explica otra.

Fuentes de referencia
 Argentina.gob.ar — Ley 12.137 y antecedentes de la vitivinicultura argentina.
 INDEC — Primer Censo Nacional de Viñedos (1936).
 Universidad Nacional de Entre Ríos — Historia de la vitivinicultura en Entre Ríos.
 Cámara de Diputados de la Nación — antecedentes legislativos sobre la erradicación de viñedos.
 Fuentes históricas y académicas sobre vitivinicultura argentina y regional.